**Riesgo de elección de 2027: el INE en entredicho**
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en un complicado escenario, advierten consejeros electorales y especialistas, si no interviene para regular los procesos de designación de candidatos que ya están avanzando en algunos partidos políticos. Esto podría conllevar la pérdida de confianza en la elección de 2027 y socavar la credibilidad de los resultados, especialmente entre los nuevos partidos políticos.
Aunque el inicio del proceso electoral es en septiembre próximo, varios partidos como Morena, PAN y PRI ya han comenzado a registrar aspirantes a precandidatos, lo que podría considerarse como actos anticipados de campaña. El INE no tiene aún lineamientos para regular estas actividades partidistas, lo que ha llevado a la preocupación de que la institución esté retrasada en su arbitraje.
El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, considera que la institución es responsable directa de que los partidos cometan y perpetúen esa ilegalidad, al no ejercer su facultad de vigilancia por condescendencia. El consejero Arturo Castillo admite que el INE va tarde al arbitraje de un partido que ya comenzó, lo que podría cuestionar la legitimidad del proceso electoral.
La pérdida de confianza en las elecciones es un tema delicado, especialmente si el INE no garantiza reglas de piso parejo para todos los jugadores. Esto podría generar la sospecha de que no se están cumpliendo los tiempos establecidos por la ley, lo que socavaría la credibilidad de los resultados.
La situación no es solo preocupante para el INE, sino también para la sociedad en general. La construcción de confianza en el instituto tomó mucho tiempo, después de procesos electorales sin credibilidad en el pasado. Ahora, la institución se encontraría de nuevo en una situación difícil, lo que podría afectar la legitimidad de las personas que resulten ganadoras en el proceso electoral de 2027.
**Un escenario preocupante**
La falta de intervención del INE en los procesos de designación de candidatos podría conllevar la pérdida de confianza en la elección de 2027 y socavar la credibilidad de los resultados. La institución debe tomar medidas para garantizar que los partidos políticos sigan las reglas y no cometan ilegalidades, para mantener la legitimidad del proceso electoral.
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