La magistrada en retiro Janine Otálora ha emitido una crítica contundente contra la reforma constitucional que permite la reelección de magistrados electorales en 2028. En una serie de publicaciones en redes sociales, la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) argumenta que esta reforma viola el principio de no reelección y atenta contra la equidad en la justicia electoral.
Según Otálora, la reforma afecta no solo a los magistrados electos por el Senado en 2016, sino también a las magistraturas electas en 2025. Esto significa que algunos integrantes del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral podrían hacer campaña para su reelección disfrutando de recursos públicos, lo que generaría un conflicto de intereses. La magistrada en retiro advierte que al permitir la reelección, algunas magistraturas podrían durar en su cargo hasta 18 años, lo que cuestiona la legitimidad de la elección judicial de 2028.
Janine Otálora argumenta que si cuatro o más magistraturas se someten a la reelección, se convertirían en juez y parte en el proceso de elección judicial, lo que viola el principio de imparcialidad. Esta crítica se suma a la de la oposición, que ha alertado sobre la permanencia en el cargo de los magistrados del Tribunal Electoral durante 17 años.
Es importante destacar que Janine Otálora ha mantenido activa su cuenta en redes sociales desde que concluyó su mandato como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral en 2025. Su crítica a la reforma constitucional se suma a la de otros destacados funcionarios y expertos en justicia electoral, quienes argumentan que esta reforma atenta contra la democracia y la equidad en la justicia.
La reforma constitucional mencionada fue aprobada por Morena y aliados en el Congreso, y si se ejecuta, permitirá a los magistrados electorales buscar la reelección en 2028. La oposición y algunas organizaciones civiles han expresado sus preocupaciones sobre este tema, argumentando que viola los principios democráticos y atenta contra la legitimidad de la justicia electoral.
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