En caso Rocha se violentó principio de confidencialidad, acusa Alcalde; señala linchamiento mediático a funcionarios acusados por EU

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El gobierno de México denunció violación al principio de confidencialidad en el caso de la extradición del gobernador con licencia de Zacatecas, Rubén Rocha Moya, a solicitud de Estados Unidos. La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la información se compartió de manera prejuiciosa, provocando un “linchamiento mediático” en contra de los funcionarios acusados.

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En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Alcalde Luján expresó su preocupación por la forma en que se manejo la información sobre la solicitud de extradición. “En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, afirmó.

Según la consejera jurídica, Estados Unidos no presentó pruebas para solicitar la detención y extradición de Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado. Alcalde Luján destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito, y tampoco ha prejuzgado respecto a si procede o no una solicitud de detención provisional.

La situación ha generado polémica en el país, con muchos ciudadanos preguntándose por qué México se permite que otros países pidan la extradición de sus ciudadanos sin seguir un proceso formal. Alcalde Luján aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está tramitando la solicitud de extradición, pero que primero necesitan pedirle a Estados Unidos que aporte la documentación necesaria para presentar el caso ante un juez.

Cierre

La denuncia de Alcalde Luján ha abierto un debate sobre la forma en que se maneja la seguridad nacional en México. Muchos expertos han señalado que la extradición sin pruebas puede ser vista como una violación de los derechos humanos y que puede generar más problemas que soluciones. Es importante que la sociedad mexicana se involucre en este debate y exija transparencia y rendición de cuentas en las decisiones que se toman en materia de seguridad nacional.

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