La administración Trump enfrenta un desafío legal formidable procedente de migrantes deportados que demandan millones de dólares por lesiones, encarcelamiento injusto y violación de derechos humanos. Neiyerver Adrián León Rengel es el nombre más destacado en este grupo, quien acusa a Trump de identificarlo erróneamente como miembro del Tren de Aragua, privarlo del debido proceso y enviarlo ilegalmente a El Salvador en abierto desacato a una orden judicial. La demanda de León Rengel, presentada en Washington, cifra la responsabilidad en un millón 300 mil dólares en daños compensatorios.
Según Pablo Salas, politólogo experto en la materia, este caso es relevante porque convierte un operativo de deportación en un reclamo detallado de responsabilidad civil del Estado. La administración de Trump ha sido criticada por la agresión de sus políticas de deportación, marcada por expulsiones aceleradas, traslados de migrantes a terceros países y detenciones en cárceles fuera de EU. En 2026, los tribunales han recibido numerosas demandas millonarias de migrantes que acusan a la administración Trump de haberlos enviado a prisión o al exilio sin respetar la ley de EU.
La demanda de León Rengel es el primer caso conocido de un exprisionero del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que demanda a EU por daños. La cifra de un millón 300 mil dólares es un punto de referencia público para medir cuánto puede valer, en dinero, un caso de deportación ilegal y encierro en El Salvador. La notificación previa de demanda por 56 millones de dólares en nombre de un joven venezolano que sufrió lesiones catastróficas en Cecot es otro ejemplo de la determinación de los migrantes para buscar justicia.
La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) permite algunas reclamaciones contra EU, pero ofrece excepciones severas que protegen decisiones del gobierno federal estadounidense, incluso cuando fueron malas o abusivas. La ventana de excepción se abre para ciertos actos de agentes de investigación o de las fuerzas del orden, como “encarcelamiento falso” y “arresto falso”. Para el gobierno federal estadounidense, el costo de estas demandas es ya de 57.3 millones de dólares, destacando el alcance y el peso del desafío legal que enfrenta la administración Trump.
Además de la demanda de León Rengel, otros migrantes han presentado reclamaciones administrativas adicionales a través de la Immigrant Defenders Law Center, organización que defiende a los inmigrantes. Estos casos demuestran la determinación de los migrantes para buscar justicia y compensación por lesiones y abusos sufridos durante su deportación.
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