Departamento de Justicia de EU revive el fusilamiento para ejecuciones federales; también incluye la inyección letal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos revive el fusilamiento como medida de ejecución federal, junto con la inyección letal. Este cambio de política busca fortalecer la pena de muerte a nivel federal, después de más de cinco años sin ejecuciones en la práctica.

Según un informe del Departamento, se han tomado medidas para ampliar los protocolos de la pena de muerte, incluyendo la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la administración de Donald Trump. También se incluye la opción de fusilamiento como método de ejecución y se simplifican los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte.

El Departamento de Justicia ha revocado la moratoria sobre las ejecuciones federales y ha autorizado la solicitud de sentencia de muerte contra 44 acusados. El fiscal general interino, Todd Blanche, ya ha autorizado la solicitud de sentencia de muerte contra nueve de ellos, incluyendo a tres miembros de la MS-13 acusados del asesinato de un testigo federal.

La administración Biden-Garland había instaurado una moratoria sobre las ejecuciones federales en 2021, lo que había dejado sin efecto la pena de muerte como medida de ejecución en la práctica. Sin embargo, el nuevo informe del Departamento de Justicia busca revivir la pena de muerte como herramienta para disuadir y castigar crímenes atroces.

Las nuevas medidas también buscan agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución. El Departamento de Justicia argumenta que la pena de muerte es esencial para disuadir y castigar a quienes cometen crímenes atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses.

Es importante destacar que la pena de muerte sigue siendo un tema controvertido en Estados Unidos, y su aplicación puede variar significativamente de un estado a otro. La decisión del Departamento de Justicia de revivir la pena de muerte como medida de ejecución federal puede generar debates y controversias en el país.

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