La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un pronunciamiento significativo en favor de la claridad y la precisión en la denominación de empresas de seguridad privada. La Corte ha prohibido a estas empresas utilizar términos que puedan confundirse con los empleados por las instituciones de seguridad pública o las Fuerzas Armadas, como “policía”, “agente”, “investigador” o “federal”, entre otros.
Según la noticia, la prohibición se origina en una petición de una empresa de seguridad privada que quería utilizar el nombre “fuerzas especiales” para sus servicios. La Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negó la autorización, advirtiendo que emplear este término podría generar confusión con las instituciones públicas.
La empresa promovió un juicio de amparo en el que alegó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción VIII, de la Ley Federal de Seguridad Privada, bajo el argumento de que vulneraba los principios de seguridad jurídica y taxatividad. Sin embargo, el juzgado de Distrito no conoció el fondo del asunto por considerar que no se expusieron razones suficientes.
La SCJN, bajo la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, avaló la prohibición y determinó que la disposición no viola la Constitución Política Federal, debido a que su propósito es claro: evitar que la ciudadanía confunda servicios de seguridad privada con los elementos estatales, nacionales o extranjeros. En este sentido, se reconoció que las frases “que pudieran causar confusión” o “cualquier otra similar”, presentes en la ley reclamada, no vulneran de ninguna manera la seguridad jurídica.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien se reincorporó al pleno tras pedir licencia por razones médicas, explicó en sus redes sociales que las empresas privadas no pueden presentarse ante la ciudadanía como si fueran autoridades del Estado. “Aunque colaboren en tareas de seguridad, no forman parte de instituciones oficiales. La seguridad jurídica implica que las personas sepan con claridad quién ejerce funciones de autoridad y quién no”, indicó.
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