Estado y Sociedad Tienen Deuda con Mujeres Privadas de la Libertad, Asegura Yasmín Esquivel
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, advirtió que el Estado mexicano y la sociedad tenemos una deuda con las mujeres privadas de su libertad en centros de reclusión. Esto se debe a que estas mujeres, junto con sus hijos e hijas, enfrentan condiciones de vida indignas, lo que es un claro incumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, la ministra destacó la necesidad de diseñar políticas públicas con una perspectiva de género, de infancia y con el interés superior de la niñez.
El tema es de gran relevancia, ya que hay un gran número de mujeres privadas de su libertad en centros de reclusión que viven en condiciones de pobreza y marginación. Muchas de ellas son madres que tienen que cuidar a sus hijos e hijas en entornos inadecuados, sin acceso a servicios básicos como salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento. Esto es un claro contrasentido con los deberes del Estado de garantizar los derechos humanos de estas personas.
Yasmín Esquivel Mossa recordó que en 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que derivó en los “Lineamientos para garantizar el derecho de los menores a una relación maternal digna y adecuada en un contexto de reclusión”. Sin embargo, lamentablemente, estos lineamientos no han sido cumplidos en su totalidad, lo que ha llevado a la persistencia de la problemática.
En su participación en la presentación del libro “Género y privación de la libertad en México: tendencias y propuestas”, la ministra expresó su reconocimiento a los autores y compiladores que han contribuido a visibilizar y promover el cambio en las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad. También destacó la urgencia de que se visibilice la situación de estas mujeres y se tomen medidas efectivas para abordar la problemática.
En resumen, la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha recordado que el Estado mexicano y la sociedad tenemos una deuda con las mujeres privadas de su libertad en centros de reclusión, que enfrentan condiciones de vida indignas y que requieren políticas públicas con una perspectiva de género, de infancia y con el interés superior de la niñez.
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