En una maniobra sorprendente, los deportados que fueron perseguidos e ilegalmente enviados a El Salvador en 2026 han desafiado al gobierno de Donald Trump con demandas millonarias. La noticia más relevante de este escenario es la de Neiyever Adrián León Rengel, quien fue identificado falsamente como integrante del Tren de Aragua y pasó cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde sufrió abuso físico y sicológico.
Según la demanda presentada en Washington, León Rengel alega que fue privado del debido proceso, encarcelado falsamente y enviado ilegalmente a El Salvador en flagrante violación de una orden judicial. La demanda también expone que pasó cuatro meses en el Cecot, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. El politólogo Pablo Salas señala que este caso convierte un operativo de deportación en una reclamación detallada de responsabilidad civil del Estado, y podría ser un punto de referencia para medir cuánto puede valer un caso de deportación ilegal y encierro en El Salvador.
León Rengel exige daños compensatorios por un monto de al menos un millón 300 mil dólares. En un caso similar, abogados en Utah anunciaron una notificación previa de demanda por 56 millones de dólares en nombre de un joven venezolano quien fue víctima de “lesiones catastróficas” en el Cecot. Según la ley federal estadounidense, algunas demandas pueden ser protegidas debido a que entran en la categoría de decisiones discrecionales, lo que podría dificultar que los abogados logren sentencias favorables.
La cifra que se coloca es de 57.3 millones de dólares, la suma de la demanda de León Rengel y la reclamación previa anunciada en Utah. Para los analistas, este escenario refleja la dificultad que enfrentan los deportados para buscar justicia a través del sistema judicial estadounidense.
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